Otra “vuelta de rosca” a los derechos de los trabajadores.
No sorprende en absoluto la falta de imaginación del Gobierno para legislar en materia laboral. Bajo la justificación de fomentar la contratación las únicas medidas que aplican son la reducción de las indemnizaciones por despido y la novedad de incluir beneficios fiscales (al margen de la consabida reducción de cuotas a la Seguridad Social).
Se abordan en esta reforma cinco aspectos básicos de las relaciones laborales, pero sin entrar al fondo de los motivos de la falta de empleo en nuestro país.
En primer lugar, medidas que se refieren a incentivos para la contratación de
trabajadores y para favorecer su empleabilidad. Es decir, reducción de las
indemnizaciones por despido, deducciones fiscales, nuevo contrato para
emprendedores, etc…
En segundo lugar, medidas para favorecer la flexibilidad interna en las empresas. Es decir, más descuelgues e inaplicaciones de lo pactado en Convenio Colectivo, arbitrariedad en la extinción, suspensión, reducción de jornada y cuantía/estructura de los salarios, etc…
En tercer lugar, medidas dirigidas a mejorar la eficiencia del mercado de trabajo. Es decir, eliminación de controles administrativos para efectuar despidos colectivos.
En cuarto lugar, medidas tendentes a mejorar la intermediación laboral. Es decir, eliminar el Servicio Público de Empleo Estatal y sustituirlo por las Agencias Privadas de Colocación con ánimo de lucro (las actuales Empresas de Trabajo Temporal) como forma de conseguir un puesto de trabajo.
En quinto lugar, modificaciones en aspectos de la negociación colectiva. Es decir, arbitrajes para adaptar los salarios y otras condiciones de trabajo pactados en Convenio Colectivo a la productividad y competitividad de la empresa y ahondar en los aspectos más regresivos de la última Reforma sobre la Negociación Colectiva (RDL 7/2011, de 10 de junio).
Creemos que con estas medidas no se va a paliar el desempleo en nuestro país. Si de verdad se quisiera entrar al fondo de la cuestión se debería legislar para que las entidades bancarias “abran el grifo” crediticio y las empresas pueden producir y contratar trabajadores.
En definitiva, una reforma en la que el 90% de las medidas para generar empleo van dirigidas a abaratar la destrucción del mismo no se antoja como el mejor camino.
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